Una sociedad democrática
moderna se sustenta en la vigencia de los derechos humanos tales como: la
libertad de cultos, la libertad de pensamiento y opinión, de asociación;
así como en el respeto y tolerancia plenos a las personas en situación de
diferencia social percibida: identidad de género, pluralidad cultural,
orientaciones sexuales, apariencia física, discapacidad o estado de salud. En
nuestra República ningún grupo puede válidamente imponer sus creencias y
prejuicios por encima de los principios constitucionales que norman la
convivencia social.
Por ello, resulta alarmante
que la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) proponga, en el documento Consideraciones
acerca de las proyectos de reconocimiento legal entre personas homosexuales,
elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe -sucesora de la Santa
Inquisición-, dado a conocer el pasado 31 de julio, una serie de líneas de
acción política para legisladores y tomadores de decisiones públicas
instándoles a oponerse, abrogar o, por lo menos, limitar la aprobación de
"leyes favorables a las uniones homosexuales".
La postura del Estado
Vaticano es una clara contraofensiva a los avances en los derechos humanos
alcanzados en el reconocimiento legal de las parejas formadas por personas del
mismo sexo, en países como Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia,
España, Brasil, Australia, Francia, Argentina, Canadá, Sudáfrica, Nueva
Zelanda y en algunas localidades de EUA, y se suma a su oposición -en alianza
con los estados confesionales islámicos- a la equidad de género, los
derechos reproductivos, el sexo seguro, el control natal, la maternidad libre
y la salud reproductiva como quedó demostrado en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Beijing, 1995; así como en la 59a Sesión de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, celebrada el 23 de abril en la ciudad de
Ginebra, Suiza, cuando se discutiría la primera Resolución sobre Derechos
Humanos y Orientación Sexual, propuesta por Brasil.
